El Congreso pasa hoy una prueba de fuerte calado sobre su unidad en la política antiterrorista, al someterse a votación una iniciativa de la diputada de UPyD, Rosa Díez, para disolver los ayuntamientos de ANV antes de tres meses.
EP.- El Grupo Socialista no quiere que se apruebe este texto, pero tampoco desea quedar rezagado o parecer tibio en la lucha contra la izquierda radical que se niega a condenar los asesinatos de ETA. Por ello, negocia con todos los grupos una propuesta alternativa, que difiere sensiblemente de la presentada por la autora de la iniciativa. La propuesta en la que trabajaba ayer el Grupo Socialista persigue disolver los ayuntamientos de ANV «uno a uno», ya que entienden que la actual legislación impide la disolución en bloque. Y, además, promover una reforma legal para que en el futuro los concejales que pertenezcan a una fuerza política ilegalizada no puedan gobernar las corporaciones locales.
Ahora bien, si Rosa Díez no acepta esta transacción, sólo se someterá a votación su propuesta. El plazo de presentación de enmiendas a la moción terminaba hoy a las doce horas, y hasta ese momento se mantendrá la negociación.
La oferta del Gobierno consiste en el compromiso de «intensificar el seguimiento de todas las acciones de cada uno de los ayuntamientos de ANV, individualmente, por si se dan las circunstancias que marca el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local». Esto es, que en esos ayuntamientos se produzcan «acuerdos, actuaciones o apoyo, expreso y reiterado al terrorismo, lo justifiquen o menosprecien o humillen a las víctimas y a sus familiares».
Sobre esta base trabajaba ayer el responsable parlamentario de Interior y titular de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, y el secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui. Ambos en contacto con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. «No se puede hacer una causa general contra los 42 ayuntamientos de ANV porque no lo permite la ley, sino que el seguimiento y la eventual disolución tiene que producirse uno a uno y se tienen que dar las circunstancias que marca la ley», señalan en la dirección del PSOE.
Sin embargo, la autora de la propuesta pide que el Gobierno presente en el plazo de tres meses un real decreto para disolver las corporaciones locales gobernadas por ANV, en función de la misma ley de Bases de Régimen Local, cuya interpretación del artículo 61.2 difiere de la del Gobierno.
En la enmienda transaccional del PSOE se fija un compromiso relevante. Se trata de reformar la Ley de Bases de Régimen Local para que los representantes de fuerzas ilegalizadas no puedan gobernar ayuntamientos. Con la actual legislación la ilegalización de un partido no lleva aparejada la pérdida de la condición de concejal. Por último, en la transacción del PSOE figurará la oferta política de presentar mociones en los ayuntamientos gobernados por ANV para desbancarlos.
De entrada, el PP apoya la moción de Rosa Díez tal cual está. Si no hay acuerdo con el PSOE, se vislumbra una división en dos partes de la Cámara: UPyD y PP; y todos los demás. Así las cosas, la moción de Díez no saldría adelante. Pero, de fondo, en el PSOE subyace la preocupación porque el PP «ha vuelto a la práctica inmoral e indecente de utilizar la lucha antiterrorista contra el Gobierno», clamó la secretaria de organización, Leire Pajín.
Moción y enmienda
– La moción de UPyD. La diputada Rosa Díez propone que el Gobierno presente en tres meses un real decreto para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV que «con sus acciones de forma reiterada y grave» apoyen el terrorismo.
– La enmienda del PSOE. El Gobierno se compromete a «intensificar» el seguimiento de las actuaciones de los ayuntamientos de ANV, uno a uno, y proceder a su disolución «si se dan las circunstancias legales».
Se compromete a reformar la Ley de Bases para que los concejales de un partido ilegalizado no puedan gobernar.